Aborto no punible: esperan la postura del Gobierno

Mientras continúa con el proceso de audiencias, el Senado provincial aguarda que el Ministerio de Salud confirme si estaría dispuesto a aplicar la guía. Aún no hay fechas.
Manifestantes que están en contra de la aplicación del protocolo de aborto no punible, se congregaron frente a la Legislatura provincial. (Marcelo Ruiz)
Zulema Usach - zusach@losandes.com.ar

La fecha en que Mendoza dirá si adhiere o no a la guía técnica que a nivel nacional quedó estipulada para que el Estado garantice atención médica a las mujeres que soliciten interrumpir el embarazo amparándose en el artículo 86 del Código Penal Argentino -que autoriza el aborto sólo en casos excepcionales- aún es incierta.

Ocurre que mientras en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores se siguen recibiendo los aportes y puntos de vista de todas las organizaciones y personas que deseen manifestar su posición, los legisladores consideran crucial que el Gobierno provincial se pronuncie sobre el tema lo antes posible.

La urgencia de que el Ministerio diga si está preparado o no para acatar lo que establece la "Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles", radica en que ésta es el área que deberá trabajar de manera más intensa para recibir, informar, atender, contener y garantizar el seguimiento en la salud de las mujeres que soliciten un aborto, siempre dentro de los parámetros legales vigentes. Vale decir en este sentido, en el caso de violación, discapacidad o riesgo de la salud o la vida (siempre que ese riesgo no pueda ser evitado por otros medios).

Así, la posibilidad de que este protocolo entre en vigencia en tierra mendocina sigue siendo motivo de debate aún cuando cuenta con media sanción en Diputados desde el 17 de setiembre pasado. Por eso, los senadores aseguran que continuarán recibiendo los aportes y puntos de vista de todas aquellas personas que quieran pronunciarse a favor o en contra de esta medida ligada a la salud pública. Desde principios de mes, las audiencias se realizaron todos los jueves, en horarios extendidos (de 10 a 15 horas) y con al menos 18 oradores.

A todos los participantes se les solicitó que su testimonio fuese acompañado por un escrito, de modo de evitar que los plazos se sigan extendiendo una vez que los expedientes pasen a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.Para participar de estas audiencias es necesario ingresar previamente una nota por calle Gutiérrez al 51.

De acuerdo al cronograma previsto, mañana a partir de las 10, será el turno de organizaciones que consideran urgente la aplicación de esta guía, en tanto que profesionales de dedicados al área de la salud, los derechos humanos y el derecho expondrán sus argumentos. "El primer balance de estas audiencias es que sea cual sea la postura manifestada, la gente ha demostrado su necesidad de ser escuchada", aseguró el demócrata Ernesto Corvalán presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

Corvalán explicó que en realidad las audiencias no tienen una fecha límite, aunque estimó que a más tardar entre esta semana y la que viene, la totalidad de los oradores se habrá expresado. En este proceso, los legisladores aguardan todavía que el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo siente una posición que refleje la decisión del Gobierno que comanda Francisco Pérez. Ayer, los senadores esperaban la presencia del ministro, quien justificó su ausencia por motivos de salud, según confirmaron desde el Ministerio.

Para hoy, los legisladores volverán a hacer expresa su solicitud al Gobierno y enviarán una nota con la intención de pautar el día y la hora en que se realizaría la reunión. "El Ministerio es el responsable de aplicar o vetar la ley, por eso queremos saber si estaría dispuesto a cumplir la guía", dijo Corvalán.

Pero en el interior de la Cámara también hay visiones diferentes. Para el presidente del bloque radical, Armando Camerucci, sí es importante poner una fecha límite para efectuar las audiencias y por eso planteó en la sesión del martes pasado acordar como día cúlmine el 30 de octubre; propuesta que no prosperó. "No queremos que los plazos se sigan extendiendo. La provincia necesita esta guía para evitar que los casos se sigan judicializando", dijo y coincidió en la urgencia de conocer la opinión del Gobierno.